Con una población de 18 millones y un PIB de 77.600 millones de dólares en 2020, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Durante las últimas tres décadas, Guatemala tuvo el crecimiento menos volátil entre sus pares estructurales y aspiracionales. La deuda pública y el déficit presupuestario han estado históricamente entre los más bajos y estables del mundo, lo que ha proporcionado cierta resistencia a las conmociones externas. Medido por su PIB per cápita (US $ 4.603 en 2020), Guatemala es un país de ingresos medianos altos.
Sin embargo, la estabilidad económica y la situación de los ingresos medianos altos no se han traducido en una reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. Los bajos ingresos del gobierno central (11 por ciento del PIB en promedio en los últimos años y un 10,8 por ciento estimado en 2021) limitan la capacidad de inversión pública y restringen tanto la calidad como la cobertura de los servicios públicos básicos, desde la educación y la salud hasta el acceso al agua, lo que explica en gran medida la falta de progreso en el desarrollo y las grandes brechas sociales, a la zaga del resto de América Latina y el Caribe (ALC).
COVID-19 afecto el crecimiento económico en Guatemala
La pandemia de COVID-19 puso fin a tres décadas de crecimiento económico en Guatemala. Aun así, el país experimentó una de las contracciones más pequeñas del PIB en 2020 en ALC (-1,5 por ciento), con la actividad económica ya recuperándose a niveles prepandémicos durante el primer trimestre de 2021, respaldada por una entrada récord de remesas.
En 2020, el estímulo fiscal del Gobierno para responder a la pandemia (equivalente al 3,3 por ciento del PIB) fue rápido y se centró en proteger a los pobres y vulnerables. Este esfuerzo sin precedentes incluyó la ampliación a gran escala de las redes de seguridad del 5 al 80 por ciento de los hogares; a través de transferencias de efectivo temporales.
La pobreza aumentó levemente del 45,6 por ciento de la población al 47 por ciento en 2020. Se estima que sin los programas de protección social la pobreza habría aumentado de tres a cuatro veces más en Guatemala. Se prevé que la pobreza disminuya al 45,9 por ciento en 2021.
Estadísticas de recuperación para Guatemala
Se espera una fuerte recuperación para Guatemala, con un PIB proyectado para crecer 5.1 por ciento en 2021 y 4.1 por ciento en 2022. Los riesgos persisten, particularmente dada la incertidumbre de los desarrollos de COVID-19. La variante Delta provocó un aumento de casos nuevos durante el tercer trimestre de 2021; en septiembre, solo el 15 por ciento de la población había sido completamente vacunada. Si la crisis de salud pública vuelve a empeorar, la recuperación económica podría verse obstaculizada, dijo Gutiérrez Mayorga.
Impulsar un crecimiento sólido e inclusivo y reducir la pobreza en Guatemala requerirá esfuerzos continuos para aumentar el crecimiento de la productividad y facilitar la entrada de las mujeres al mercado laboral; aumentar las inversiones en capital humano, innovación e infraestructura resiliente; y abordar desafíos en transparencia, gobernabilidad y seguridad ciudadana, entre otros.
Préstamos económicos para Guatemala
Desde que golpeó el COVID-19, la respuesta del Banco Mundial a la pandemia se centró en salvar vidas, proteger a los pobres y vulnerables de los impactos económicos de la crisis y promover el crecimiento. Con ese fin, el Banco aprobó para Guatemala i); un préstamo de apoyo presupuestario de US $ 500 millones para promover políticas que mitiguen el impacto social y económico de la pandemia; mejoren la transparencia del sector público y aumenten la movilización de recursos internos; y ii) un proyecto agrícola (US $ 150 millones) que busca reducir las pérdidas de alimentos, aumentar la adopción de tecnologías resilientes al clima y apoyar la respuesta de emergencia COVID-19 para los beneficiarios en cadenas de valor seleccionadas.
Un préstamo Cat-DDO de US $ 200 millones, para aumentar la capacidad de Guatemala para movilizar recursos rápidamente después de eventos naturales adversos o emergencias relacionadas con la salud, también se desembolsó en abril de 2020, provocada por la pandemia.