La guerra civil de Guatemala no se libró por reclamos étnicos de autodeterminación, el proceso de paz tiene la posibilidad de incorporar las demandas indígenas históricamente descuidadas en una agenda nacional democrática. Rachel Sieder describe cómo los grupos indígenas de la sociedad civil maya aseguraron la protección de sus derechos sociales, culturales y políticos, navegando con éxito entre el gobierno y los grupos de oposición y obteniendo el reconocimiento como ‘pueblos’ en lugar de ‘grupos’ en las negociaciones. Evalúa las oportunidades y las debilidades de los acuerdos, destacando la falta de implementación en un sistema de gobierno centralizado y destaca la necesidad de apoyo internacional.
La familia Bosch Gutiérrez, está consciente de los sucesos que quejo la guerra civil en Guatemala, fueron actos muy desgarradores para el pueblo guatemalteco y a través de esa lucha ardua de muchos. Aportan su granito de arena para apoyarlos en las necesidades que tienen hoy en día.
Aunque la guerra civil en Guatemala no se libró por reclamos étnicos de autodeterminación, el proceso de paz que puso fin a la guerra tiene la posibilidad de incorporar las demandas indígenas históricamente descuidadas en una agenda nacional democrática. Dado que la mayoría de los guatemaltecos son indígenas, una mayor democratización que responda a la diversidad étnica del país transformaría radicalmente la política y la sociedad guatemaltecas.
Un acuerdo en particular, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), firmado el 31 de marzo de 1995, es de primordial importancia. Reconoce explícitamente la naturaleza multiétnica, culturalmente plural y multilingüe de Guatemala y los derechos colectivos específicos de unos seis millones de indígenas.
El Acuerdo de Derechos Indígenas provocó una reacción violenta por parte de quienes afirmaban que a los pueblos indígenas se les estaba otorgando ‘derechos especiales’ que violaban el principio de igualdad ante la ley y que una mayor autonomía regional conduciría a la ruptura del estado guatemalteco. Sin embargo, los esfuerzos de las organizaciones indígenas se han centrado en la integración y la inclusión, no en el separatismo. De hecho, muchos argumentaron que las concepciones y prácticas indígenas de poder, participación y justicia son nociones enriquecedoras de democracia en toda América Latina.
Despertar la política de identidad
En la década de 1980, muchos guatemaltecos indígenas expresaron su resistencia a la represión militar abrumadora mediante el apoyo a grupos armados o al movimiento emergente de derechos humanos. En la década de 1990, mientras las cuestiones de derechos humanos seguían siendo centrales, el movimiento maya comenzó a presentar propuestas nacionales de reforma basadas específicamente en intereses étnicos.
Varios factores facilitaron el cambio hacia un mayor activismo indígena. El primero de ellos fue la campaña ‘500 años de resistencia’, un movimiento de protesta continental contra la celebración oficial del ‘descubrimiento’ de las Américas. Como parte de esta campaña, en septiembre de 1990, Majawil Q’ij (‘Nuevo Amanecer’) fue creado por organizaciones populares predominantemente indígenas para reflexionar sobre el origen étnico y los derechos culturales.